Tras esta notificación cuentan con 15 días de plazo para plantear las alegaciones que consideren, aunque el cese de la actividad tiene efecto inmediato.
Tejero ha tildado de “irresponsabilidad institucional” la política migratoria del Gobierno de España y ha insistido en que “Pozuelo no es una ciudad sumisa ni servil, aquí se cumplen las normas y el Gobierno de España no va a saltárselas”.