El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha notificado al centro de refugiados de la ciudad el cese cautelar de su actividad tras comprobar que no dispone de licencia

• Tras esta notificación cuentan con 15 días de plazo para plantear las alegaciones que consideren, aunque el cese de la actividad tiene efecto inmediato.
• Tejero ha tildado de “irresponsabilidad institucional” la política migratoria del Gobierno de España y ha insistido en que “Pozuelo no es una ciudad sumisa ni servil, aquí se cumplen las normas y el Gobierno de España no va a saltárselas”.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha notificado al centro de refugiados de la ciudad (CREADE) el cese cautelar de su actividad tras comprobar que no dispone de licencia. Esta resolución se adopta tras una inspección por parte del Consistorio en la que se ha comprobado que el centro carece de la licencia preceptiva que le permita ejercer su actividad.

El Ayuntamiento ha realizado estas comprobaciones, además de una inspección al centro, tras conocer la intención del Gobierno de trasladar a 400 menores solicitantes de asilo de manera permanente a este espacio, y después de haber reiterado en numerosas ocasiones que se estaba utilizando un centro, en un principio planteado para estancias temporales, como residencia permanente.  Por tanto, el Gobierno de España está llevando a cabo una actividad no permitida para este centro, incumpliendo la normativa y dando un servicio sin garantías legales para las personas que, de hecho, allí residen.

La alcaldesa de la ciudad, Paloma Tejero, ha explicado que la única licencia que tienen vigente es del año 2013 y ha pasado de ser un centro de formación con auditorio a centro de acogida para más de 500 personas “y esto es lo que no podemos permitir porque este centro no cuenta con las más mínimas garantías y lo único que hemos hecho es actuar como haríamos con cualquier otra actividad en el municipio”. “Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación solicitar el cese de esa actividad porque puede poner en riesgo la salud de las personas que están allí dentro”, ha asegurado la regidora.

Tras esta notificación y siguiendo escrupulosamente el procedimiento establecido, cuentan con 15 días de plazo para plantear las alegaciones que consideren, aunque el cese de la actividad tiene efecto inmediato y por eso el Gobierno tiene la obligación de reubicar a los actuales residentes en otros recursos legalmente establecidos.

Para el Ayuntamiento de Pozuelo lo más importante es asegurar que se cumplan las condiciones que garanticen el bienestar y la seguridad de las personas, sean mayores o menores, pero con especial sensibilidad en el caso de estos últimos.

“Irresponsabilidad institucional”

La alcaldesa ha tildado la política migratoria del Gobierno de España de “irresponsabilidad institucional” y ha insistido en que “Pozuelo no es una ciudad sumisa ni servil, aquí se cumplen las normas y el Gobierno de España no va a saltárselas, por supuesto”. “No se puede jugar con las personas, yo creo que es muy serio y la política migratoria del Gobierno, esta política de puertas abiertas, pues es irresponsable”, ha remarcado Tejero.

Por último, la regidora ha insistido en que “Pozuelo es una ciudad solidaria, lo hemos sido siempre, pero lo que no vamos a permitir es que se vulneren las leyes y que se ponga en riesgo a esas personas”, ha concluido Paloma Tejero.